Las denuncias por violencia de género en Extremadura crecen un 8,3% en el tercer trimestre

Rd./Ep.

El número de denuncias registradas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer durante el tercer trimestre de 2025 en Extremadura alcanzó la cifra de 922, lo que supuso un incremento del 8,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, según se desprende de los datos extraídos de los boletines de estadística judicial para elaborar el "Informe trimestral sobre Violencia de Género" dado a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Concretamente, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se registraron un total de 843 mujeres víctimas, un 7,5 por ciento más que hace un año. El estudio muestra también el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar, que creció un 20 por ciento, pasando de 10 a 12 mujeres víctimas.

A su vez, entre julio y septiembre de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 223 órdenes de protección, un 5,7% más que hace un año. De ellas, fueron adoptadas 175, lo que supuso un incremento del 18,2%, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en una nota de prensa.

Los órganos judiciales dictaron en el tercer trimestre del año 168 sentencias, de las que 163 (el 97 %) fueron condenatorias y 5 absolutorias. Por su parte, en el tercer trimestre del año, los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja a un menor de edad (en el mismo trimestre de 2024 fueron enjuiciados igualmente un menor).

DATOS NACIONALES

Mientras, en España, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron entre julio y septiembre de este año 53.268 denuncias, lo que supone que diariamente se presentaron en toda España una media de 579.

En este sentido, revela que el número de mujeres víctimas de violencia de género y el de las denuncias presentadas durante el tercer trimestre de 2025 se han mantenido estables con respecto al mismo periodo del año pasado. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se registraron un total de 49.156 mujeres víctimas (un 0,88% más que hace un año) y 53.268 denuncias (un 0,23% más).

Igualmente, refleja que siete de cada diez denuncias (72,29%) las interpusieron las víctimas tanto en sede judicial como en comisaría; las presentadas por familiares representaron el 1,92% del total de denuncias, un porcentaje levemente más bajo que el registrado en el mismo trimestre de 2024.

El resto de las denuncias respondieron a atestados por intervención directa policial (16,27%), a partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado (6,96%) y a servicios de asistencia y terceras personas en general (2,56%).

En cuanto a la distribución de las víctimas según su país de origen, el 61% de las mujeres víctimas tenían nacionalidad española y el 39% restante, otras nacionalidades. En el tercer trimestre de 2025 se registraron 121 víctimas menores tuteladas, de las que el 69,42% eran españolas y el 30,58% restante, extranjeras.

AUMENTAN LAS QUE NO QUIEREN DECLARAR

Los casos en lo que la víctima se acogió a la dispensa a la obligación de declarar contra su agresor (5.480) han aumentado un 22,51% respecto al tercer trimestre de 2024, de modo que la tasa de mujeres que renunciaron a testificar contra sus agresores fue de 11,5 por cada cien víctimas de violencia de género. Este porcentaje representa el 10,17% en el caso de las víctimas españolas y el 12,67% en el de las extranjeras.

Entre los meses de julio y septiembre, 19,8 de cada 10.000 mujeres de toda España fueron víctimas de violencia machista, una tasa muy próxima a la registrada en el mismo trimestre de 2024, en el que fue de 19,6.

Las comunidades autónomas que registraron medias superiores a la nacional fueron Baleares, con 35,9 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida de Comunidad Valenciana, con 25,3; Canarias, con 24,4; Murcia, con 24,1; Cantabria, con 22,9; Madrid, con 21,5 y Andalucía, con 20,9. Por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 12,9; La Rioja, con 13,4; Castilla y León, con 14,1; Asturias, con 15,1; País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha, con 15,8; Cataluña, con 16,5; Aragón, con 19,1 y Navarra, con 19,2.

Entre julio y septiembre de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.844 órdenes de protección, un 1,6% menos que hace un año. De ellas, 10.806 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.038 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.920, un 1,15% menos que hace un año. Los juzgados acordaron 7.377, el 68,3% de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.543, el 76% de las solicitudes registradas.

Tomando en consideración el total de órdenes de protección adoptadas (tanto por los juzgados de violencia sobre la mujer como por los juzgados de guardia), se adoptaron siete de cada diez órdenes solicitadas (69,44%), un porcentaje muy próximo al 66% de hace un año.

En el 42,8% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Un total de 7.866 víctimas pidieron la adopción de medidas de protección: siete de cada diez (7.866, el 72,8%) eran españolas y 2 de cada 10 (149, 1,89%), menores de edad.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 16.185 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (6.261), que representaron el 68,10% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la orden de alejamiento (6.111), un 64,31%.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 5.100 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.553), que representaron el 19,71% del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.095), el 14% del total. En ambos casos, los porcentajes se mantuvieron muy similares a los registrados hace un año.

Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 996 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas, que representaron el 12,55% del total de las medidas civiles adoptadas. Los órganos judiciales adoptaron también 667 medidas civiles consistentes en la suspensión de la guardia y custodia, un 8,45 % del total de medidas civiles. Además, acordaron 47 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y, en 173 casos, suspendieron la patria potestad.

De la misma manera, el informe revela que los órganos judiciales dictaron en el tercer trimestre del año 13.440 sentencias, de las que 11.376 (el 84,64%) fueron condenatorias y 2.064 (el 15,36%), absolutorias.

La presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, ha llamado a "seguir avanzando en la formación y especialización de todos quienes hacen posible que la Justicia funcione dando una respuesta a las víctimas, así como en la dotación de los medios materiales y personales necesarios para hacer frente a esta lacra".

ROJO ANIMA A LAS VÍCTIMAS A DENUNCIAR

También ha insistido en la importancia de que las víctimas denuncien y sigan confiando en la Justicia. Así, ha reiterado que "solo rompiendo el silencio y dando un paso adelante se puede salir de la espiral de la violencia, para lo que la implicación del entorno resulta fundamental".

Por último, ha destacado que existen mecanismos para evitar la confrontación directa de la víctima con el agresor cuando tienen que declarar en el órgano judicial.