El Colegio de Abogados de Badajoz: 'Defender a quien nadie quiere defender es un acto de progreso y civilización'

BADAJOZ, 14 (EUROPA PRESS)

El decano del Colegio Provincial de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller Rodríguez, ha asegurado que el principio de defensa en casos como el relacionado con Francisca Cadenas es "un acto de progreso y civilización", puesto que este principio es "inherente a todo ser humano" y "protege" al proceso, de manera que el resultado tenga legitimidad.

Igualmente, considera que pensar que ciertas personas "no merece defensa" conduce a un "lugar muy peligroso, a un sistema donde los derechos dependen del clima social, de la opinión pública o del poder político".

En una carta remitida este sábado, Seller reflexiona sobre los acontecimientos y noticias de los últimos días en torno al caso de la vecina desaparecida en Hornachos y cómo todo ello puede llevar a una pregunta "tan emocional como peligrosa": "¿Cómo es posible que alguien así tenga derecho a un abogado o abogada?".

"Evidentemente la respuesta, aunque incómoda desde el punto de vista emocional y humano, debe ser lo que define la grandeza y la madurez de un Estado de derecho, puesto que el derecho a la defensa no es ni un premio, ni un gesto compasivo hacia el investigado, sino es un principio estructural: una garantía que nos protege a todos, culpables e inocentes, frente al poder del Estado", ha asegurado Seller.

El decano ha resaltado que el derecho "fundamental" a defenderse "no se otorga por la calidad moral de la persona", sino por la "dignidad inherente a todo ser humano" y por la "necesidad" de que la justicia funcione "con reglas claras" y no con impulsos.

"Si solo defendemos a quienes nos caen bien o a quienes consideramos 'merecedores' de derechos, entonces esos derechos dejan de ser universales y se convierten en privilegios", ha sostenido, al tiempo que ha asegurado que un derecho que depende del juicio moral de la mayoría "deja de ser un derecho".

Así, cree que existe un "error habitual" en la sociedad y es el de "confundir" la defensa jurídica con la "defensa moral del acto cometido". En este sentido, ha remarcado que un abogado "no justifica el crimen", sino que garantiza que el proceso sea "limpio", que las pruebas se obtienen "legalmente", que no hay abusos y que la condena, si la hay, sea "proporcionada y ajustada a la ley".

Por tanto, ha asegurado que la defensa "protege al proceso", de manera que la condena tenga legitimidad. "Sin garantías, cualquier castigo, por merecido que parezca, se convierte en arbitrariedad", ha agregado.

A continuación, ha incidido en los "recursos inmensos" que tiene el Estado -cuerpos policiales, Fiscalía, laboratorios forenses, acceso a información, capacidad coercitiva-, ante lo cual cualquier ciudadano está en "una posición de vulnerabilidad". Así, Seller ha defendido que el abogado "equilibra la balanza" y que ese equilibrio es "imprescindible" aun en los casos "más execrables".

"Si permitimos que el Estado ignore derechos en nombre de la gravedad del delito, abrimos la puerta a que mañana lo haga con cualquiera. La fortaleza de un sistema democrático no se mide por cómo trata a los inocentes, sino por cómo trata a los culpables -o a quienes considera culpables antes de demostrarlo-", ha insistido el decano del Colegio de Abogados de Badajoz.

Para el abogado, "defender a quien nadie quiere defender, es un acto de progreso y civilización. Es la prueba de que la justicia no se deja arrastrar por la ira colectiva".

Por tanto, ha insistido en que, cuando un abogado se sienta junto a un acusado de un crimen "horrendo", no está defendiendo "el horror", sino que está defendiendo "la idea de que la justicia debe ser imparcial, racional y humana". "Está recordando que la ley no se dobla ante la presión emocional", ha agregado.

De esta forma, Seller cree que, si se renuncia al principio de defensa, se renuncia a "vivir en sociedad" y ha alertado de que pensar que ciertos individuos no merecen defensa conduce a un "lugar muy peligroso", esto es, un sistema "donde los derechos dependen del clima social, de la opinión pública o del poder político". Y en su sistema de este tipo, según el decano, "nadie se encontrará realmente protegido".

En cambio, considera que, cuando la ciudadanía percibe que incluso los casos más difíciles se tramitan "con rigor y garantías", aumenta la legitimidad del sistema penal y se refuerza la cohesión social.

Seller tampoco olvida que el ejercicio de la abogacía "ha de hacerse" con "la prudencia, humildad y honestidad" que la profesión "requiere". Igualmente, resalta la importancia del secreto profesional, un derecho que también protege a la ciudadanía.

"El derecho a un abogado o una abogada, incluso, para quien ha cometido lo peor, es una declaración de principios: la justicia no se rebaja al nivel del crimen que juzga", concluye la misiva.