Junta se opondrá a 'cualquier reparto obligatorio de inmigrantes' y al modelo de Sánchez

Durante el debate de investidura en la Asamblea de Extremadura, la candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha explicado que el Ejecutivo regional se opondrá a "cualquier reparto obligatorio de inmigrantes".

A este respecto, Guardiola ha afirmado "Extremadura no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quienes no tienen ninguna legitimidad", como "principio" que se ha dejado "claro" en el acuerdo de gobernabilidad suscrito con Vox en Extremadura.

A este respecto, ha considerado que el propiciado por el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez "no es un modelo migratorio mínimamente responsable" y que, por ello, la Junta de Extremadura se opondrá "a cualquier reparto obligatorio de inmigrantes".

Según Guardiola, lo hará "en coherencia" con el recurso de inconstitucionalidad que la Junta ya presentó contra el Real Decreto de reparto de menores, bajo el planteamiento de que "los menores que ya están aquí merecen un modelo de gestión digno, ordenado y sin masificación".

Sobre el modelo migratorio nacional, ha matizado que "no podemos dar por bueno ni ser partícipes de un modelo incoherente e irrespetuoso con los derechos humanos. Un modelo errático, basado en la vía fácil y más provisional, y que no asegura ni la convivencia ni la cobertura de los mínimos derechos de las personas que llegan a nuestro país".

En este sentido, ha subrayado que la "actitud de seriedad y responsabilidad" del Gobierno de Extremadura en materia de inmigración "irá acompañada de transparencia, y la garantía de que cada euro público se destina estrictamente a cumplir las obligaciones legales y a preservar la dignidad humana", asegurando que "lo haremos vigilando que no se incentive, por ninguna vía, la irregularidad o la colaboración con quienes se lucran del drama de otros".

De este modo, se ha referido a un asunto como el de la inmigración que "está en la calle" y que "preocupa a los españoles y los extremeños", y que "es algo que exige honestidad, claridad y que no admite más demagogia".

Con ello, tras defender que "el inmigrante no es un culpable por defecto" sino que "es una persona con sus derechos y con sus deberes", criticando que la gestión que ha hecho el Gobierno de Sánchez en esta materia "ha sido un absoluto fracaso que tiene lamentables efectos a nivel político, pero sobre todo a nivel humano".

Para Guardiola, "un fracaso cuyas consecuencias han tenido la desfachatez de trasladar a las comunidades autónomas, que no tenemos competencias ni recursos suficientes para asumir lo que el Estado ha dejado de hacer", lamentando que "por si esto fuera poco, la hoja de ruta migratoria del Gobierno de España no la han marcado los españoles", sino que "la han marcado los mismos separatistas que aspiran a romper la unidad de la nación".

Asimismo, ha asegurado que "Extremadura no va a mirar hacia otro lado. No vamos a ser cómplices del desorden ni del abandono. Vamos a decir la verdad, aunque incomode. Y vamos a exigir que quien tiene la responsabilidad, la ejerza".

SEGURIDAD

Por otra parte, se ha referido también a la seguridad, con el planteamiento de que "no se puede hablar de convivencia sin orden, como tampoco se puede hablar de derechos sin responsabilidades", tras lo cual ha defendido como principio que guía el acuerdo PP-Vox en materia de seguridad que, "para construir una sociedad cohesionada es fundamental que las normas se apliquen y se respete la libertad".

Y para que esto "no quede en meras palabras", dentro del acuerdo se ha aprobado también la creación de una Unidad de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón, cuya finalidad es "combatir el uso fraudulento del empadronamiento y de los recursos públicos que este reconocimiento habilita".

Guardiola ha concluido que "la residencia efectiva tiene que demostrarse. Son las normas que nos hemos dado, y quien no las cumple o trata de beneficiarse de forma insolidaria, está impidiendo a las personas que más necesitan de lo público que obtengan la respuesta adecuada".

En este sentido, ha defendido que "quienes ocupan ilegalmente una vivienda, quienes delinquen, quienes optan por despreciar las normas de convivencia no pueden pretender estar antes que los que llevan años contribuyendo, respetando y cumpliendo", recalcando que "éso no es exclusión, eso es justicia".

Y como la propiedad privada es un derecho recogido en el ordenamiento jurídico, Guardiola ha afirmado que debe garantizarse con el desalojo efectivo de ocupaciones ilegales "en un plazo máximo de 24 horas, en coherencia con el marco legal vigente".

De igual modo, en cuanto a quienes sufren una ocupación, Guardiola ha señalado que la Junta va a garantizar asesoramiento jurídico "inmediato" a los afectados y también "acompañamiento institucional" y, para los casos "más graves", además, aprobará medidas de apoyo habitacional y social para quienes vean vulnerado su derecho a la vivienda.

Ha asegurado que "Extremadura es una tierra de concordia. No de imposición. Esta no es una tierra de revanchismo ni resentimiento, y así la vamos a gobernar", añadiendo que, por ello, la gestión y las iniciativas institucionales van a estar alineadas con los principios de "concordia, de reconciliación y de unidad".

La candidata a la Presidencia ha insistido en que "el sectarismo y el cainismo no han conducido nunca al progreso. Nos conducen en dirección contraria: en busca de ese odio que en el pasado llevó a la fractura. Y esa lección, Extremadura no puede permitirse olvidarla" y, en la región, se sabe "vivir juntos siendo diferentes", concluyendo que "construimos sobre lo que une y no sobre lo que divide. Y cumplimos las normas para no poner en riesgo la paz social. Esos son nuestros valores".