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04 julio 2025 | Publicado : 13:01 (04/07/2025) | Actualizado: 13:46 (04/07/2025)
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La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha presentado en nombre del PSOE, un escrito en la Fiscalía en el que comunica los hechos relacionados con la ampliación de suelo industrial en la ciudad, en lo que el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, podría haber incurrido en posible delito de "prevaricación administrativa" y "tráfico de influencias".
El escrito, de 14 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que Tirso Leal, en el ejercicio de sus funciones y prevaliéndose de su cargo, ha intervenido directamente en el expediente para la adquisición por parte del Ayuntamiento de Cáceres de suelo urbano de uso industrial para su desarrollo.
Y lo ha hecho "promoviendo, tramitando y autorizando un intercambio de parcelas entre el Ayuntamiento y determinadas empresas privadas con las que había tenido relación previa en el ejercicio profesional privado y, en particular, con una sociedad cuyo presidente ejerce de administrador único en una sociedad participada por el mismo concejal según la declaración de entrada en su toma de posesión del cargo".
"Asimismo, ha realizado todos los actos conducentes a que se pueda iniciar también un procedimiento de expropiación especialmente gravoso para el ayuntamiento que beneficia directamente a su esposa y familiares políticos, realizando esto último a través de un expediente aparte, para la modificación de la ordenación del sector urbanístico 8.01, sobre el que se realiza el proceso de adquisición de suelos", recoge el escrito.
En la documentación entregada en Fiscalía se explica que existía ya un estudio iniciado durante la anterior legislatura que consistía en valorar la ampliación de suelo industrial desarrollado en un sector cuyos terrenos pertenecían mayoritariamente a fundaciones patrimoniales, pero "este proyecto fue desechado de plano inmediatamente porque, según arguyó Leal, tenía muchas dificultades técnicas y había que modificar el Plan General Municipal (PGM) y que "no era el idóneo porque había que hacer una modificación del PGM muy tediosa".
Los socialistas cree que no se aportaron datos sobre los propietarios de los terrenos por los que se optaron y califica de "maniobras con carácter previo a la apertura de expediente", las gestiones realizadas para el cambio de ubicación de los terrenos para la ampliación del polígono industrial Capellanías II.
Además, se solicita a la Junta de Extremadura, a través de la empresa pública Avante, que urbanice estos terrenos. "Lo destacable de este hecho es que aporta valor al terreno y que se produce de una manera absolutamente exótica y anómala", añade el escrito.
"Pues no es nada habitual que la Junta de Extremadura haga un proyecto para urbanizar un suelo industrial que no es de su titularidad ni público aún y que requeriría para poder ser ejecutado que se hubiera realizado una modificación de la legalidad urbanística (el PGM) cuyo expediente para la citada modificación, fue incoado el 15 de abril de 2025, ni mucho menos aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, ni expuesta a alegaciones, ni aprobada definitivamente y en vigor", apunta el escrito.
Para desarrollar ese suelo es necesario que el ayuntamiento adquiera el cien por cien. De momento, el 80% se ha adquirido por permutas, pero con el 20% restante no se ha llegado a un acuerdo por lo que aún quedaría en manos privadas de la operación urbanística y "es una obligación para el ayuntamiento adquirirlo mediante expropiación por imposición del planeamiento", lo que "hace que se incremente exponencialmente el valor del terreno".
Aquí es donde el PSOE cree que Tirso Leal ha podido beneficiar a su familia, ya que es propietaria de una parte de ese 20% de los terrenos que todavía no se han adquirido. "En definitiva, por su intervención y manejos desde el área directa de intervención de su autoridad, su familia va a obtener por su participación en la propiedad de ese suelo un precio muy por encima del ordinario, que será abonado de forma perentoria y, sobre todo, lo más importante, lo cobrará en dinero en efectivo", asegura el escrito.
Según el PSOE, "el proceso realizado presenta indicios de haber causado un perjuicio patrimonial a los intereses municipales" y, además, "existen indicios de que el señor Leal podría haber utilizado su influencia sobre otros miembros de la Corporación y técnicos municipales para obtener la aprobación de los actos necesarios para consumar dicha operación de adquisición y obtener una apariencia de objetividad y legalidad para sus actos".
Asimismo, se recuerda que el art. 99 del Reglamento Orgánico Municipal de Cáceres asegura que "sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los concejales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna causa a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y de contratos de las Administraciones Públicas".
Por todo ello, el PSOE cree que el concejal de Urbanismo de Cáceres habría podido incurrir en un posible delito de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal) y de tráfico de influencias (artículos 428 y siguientes del Código Penal). Belén Fernández, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que "los indicios son suficientes para que se solicite una investigación".
"Consideramos que la situación es tan seria como para no hacer un espectáculo de ello. Hemos cumplido con nuestra responsabilidad, después de haber apelado a que se depuraran responsabilidades políticas sin que se hayan asumido", ha concluido.
