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22 abril 2026
UPTA Extremadura ha reclamado este miércoles al Gobierno central y las comunidades autónomas medidas adaptadas a la "realidad" de los autónomos para reducir las cifras de siniestralidad laboral.
En concreto, dicho colectivo realiza esta petición después de que, a su juicio, 2025 debería marcar un "punto de inflexión" en esta materia a tenor de los datos de siniestralidad laboral en el trabajo autónomo en Extremadura, con una "realidad preocupante" de 23 accidentes graves, una muerte y 863 bajas por accidentes de trabajo.
"Las cifras de 2025 deben marcar un punto de inflexión. Reducir la siniestralidad en el trabajo autónomo no es solo una cuestión normativa, sino una responsabilidad que exige medidas concretas por parte del estado y de las comunidades autónomas y con un enfoque adaptado a la realidad del colectivo", tal y como defiende en una nota de prensa UPTA Extremadura.
De hecho, dicho colectivo entiende que los trabajadores autónomos continúan siendo "los grandes olvidados" en materia de prevención de riesgos laborales.
Así, UPTA advierte de que a diferencia de los asalariados, el colectivo desarrolla su actividad en condiciones "más precarias" desde el punto de vista de la seguridad, con "menor" acceso a formación preventiva, recursos técnicos y apoyo institucional.
Esta situación, según este colectivo, responde al "problema estructural" de que el sistema de prevención en España ha sido diseñado para empresas con estructura, dejando fuera la realidad de millones de trabajadores por cuenta propia que operan en sectores como el transporte, la construcción, el comercio o el ámbito agrario, donde los riesgos son "elevados".
En este contexto, UPTA alerta de que el refuerzo del control previsto en la reforma normativa puede agravar la situación si no va acompañado de recursos; y entiende que el aumento de inspecciones, obligaciones documentales y responsabilidades, sin apoyo económico ni asistencia técnica, supone trasladar "aún más carga a un colectivo que ya trabaja con limitaciones".
"No se puede exigir más a quien no tiene herramientas para cumplir. Más control sin apoyo no previene accidentes, solo incrementa la presión sobre el autónomo", señala el presidente de UPTA, Eduardo Abad.
A esta realidad se suma la situación de los más de 67.000 autónomos en Extremadura sin asalariados, prácticamente fuera del sistema preventivo actual. Mientras que quienes tienen trabajadores deben cumplir obligaciones en PRL, los autónomos que trabajan solos carecen de un modelo adaptado a sus necesidades, incide.
Para UPTA, este vacío está favoreciendo el avance de una problemática cada vez más evidente, la de los riesgos psicosociales. "El estrés, la ansiedad, las jornadas prolongadas, la presión por los plazos, los impagos y las condiciones contractuales precarias están detrás de un aumento de problemas de salud mental, enfermedades cardiovasculares y accidentes derivados de la fatiga", alerta.
Se trata de una "pandemia silenciosa" que, según UPTA, no está siendo abordada por las políticas públicas. "Un trabajador por cuenta propia no puede trabajar 12 ó 14 horas al día. Eso no es emprendimiento, es precariedad", advierte Abad.
"En sectores como el transporte o la construcción es imprescindible establecer límites a los tiempos de trabajo. No podemos normalizar determinadas condiciones que ponen en riesgo la vida de los profesionales".
PETICIONES
Ante esta situación, UPTA reclama al Gobierno un cambio de enfoque en las políticas de prevención, con planes específicos dirigidos al trabajo autónomo que permitan actuar sobre la "raíz" del problema.
Entre las medidas planteadas se incluyen el desarrollo de programas de formación adaptados por sectores de actividad; el establecimiento de incentivos para la inversión en equipos de seguridad; y la implantación de servicios públicos de asesoramiento técnico en prevención de carácter gratuito.
También reclama el refuerzo de la cobertura en caso de accidente o enfermedad profesional; el impulso de campañas de concienciación dirigidas específicamente a los trabajadores autónomos; y el destino de parte de los recursos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social a la vigilancia y prevención de los riesgos psicosociales.
