Los pactos de PP y Vox en CyL, Extremadura y Aragón coinciden en su núcleo ideológico

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Los acuerdos de gobierno firmados a lo largo de 2026 entre PP y Vox para conformar los gobiernos de las comunidades autónomas de Extremadura, el primero, Aragón, el segundo, y Castilla y León, el tercero, coinciden en su núcleo ideológico y confluyen en diversas áreas troncales y ejes estratégicos fundamentales.

A pesar de que la redacción, los plazos de ejecución o las cuantías económicas se han adaptado a las características de cada territorio, las dos formaciones han pactado casi 20 medidas y directrices políticas concretas que resultan idénticas en las tres comunidades autónomas.

En concreto, los tres textos incorporan la idea de 'prioridad nacional' como criterio orientador del acceso a ayudas públicas y a la vivienda, aunque con matices según la comunidad autónoma.

En Castilla y León y Aragón, el concepto se vincula al empadronamiento histórico y a un arraigo acreditado en el territorio autonómico y nacional, mientras que en Extremadura se formula de manera similar pero con una referencia más directa a la comunidad, siempre con el objetivo de primar a quienes acrediten una "vinculación real, duradera y verificable".

En materia de inmigración y fronteras, los textos recogen una "oposición expresa" a las políticas migratorias del Gobierno de la nación y plasman el rechazo político y jurídico al reparto y acogimiento de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad.

Asimismo, fijan la eliminación completa de subvenciones, convenios o ayudas públicas a entidades u organizaciones que promuevan o faciliten la inmigración ilegal o el "efecto llamada".

Respecto al sector primario, los tres pactos sellan el compromiso explícito de blindar el sector primario frente a la agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo y, en paralelo, acuerdan ayudas directas para incentivar la incorporación de jóvenes al campo para asegurar el relevo generacional.

En el ámbito de la eficiencia administrativa, las dos fuerzas políticas abogan por derogar o, en su caso, reformar, cualquier disposición normativa, ente u organismo, que, en su desarrollo se demuestre superfluo o ineficiente.

Por lo que respecta a la política fiscal, los documentos de las tres autonomías contemplan bajadas de los tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) enfocadas en las rentas medias y bajas, además de una bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los grupos de familiares directos.

También incluyen planes de rebajas en tasas administrativas comunes, especialmente las ligadas al sector productivo, el sector primario y las licencias de caza y pesca.

En educación, las tres autonomías garantizan el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos, además de concretar que no se impartan contenidos ideológicos o de adoctrinamiento en los centros escolares.

En cuanto a la familia, fijan deducciones fiscales en el tramo autonómico y ayudas directas progresivas por nacimiento o adopción, junto con una discriminación fiscal positiva y ayudas a la vivienda y al comercio en los municipios con menor densidad demográfica para proteger el medio rural.

Para las empresas y autónomos, los textos introducen la sustitución generalizada de licencias previas por declaraciones responsables con control posterior, así como la implementación del silencio administrativo positivo como norma general para evitar el bloqueo burocrático de las inversiones.

Finalmente, en el apartado de memoria histórica, las formaciones han acordado impulsar en su lugar leyes de Concordia que abarquen una visión unificada y sin sesgo ideológico de la historia.

17 MEDIDAS "EXACTAS"

Entre los puntos coincidentes figuran la reducción progresiva del IRPF autonómico, nuevas deducciones por nacimiento o adopción, el refuerzo de las políticas de apoyo a la familia y un impulso específico al medio rural, con medidas orientadas a rebajar cargas, facilitar actividad económica y frenar la despoblación.

También coinciden en vivienda, con la promoción de vivienda protegida mediante fórmulas de colaboración público-privada y la introducción de criterios de arraigo, residencia previa o vinculación con el territorio para acceder a vivienda pública o ayudas. En paralelo, los tres documentos incluyen medidas contra la ocupación ilegal, con desalojo exprés, refuerzo de la defensa jurídica a propietarios y mayores trabas para quienes hayan sido condenados por allanamiento o usurpación.

En inmigración, los tres acuerdos recogen un "rechazo frontal" al reparto de menores extranjeros no acompañados y a la inmigración ilegal, además de la verificación de edad y la supresión de subvenciones a ONG o entidades que, a su juicio, favorezcan ese fenómeno. A ello se suman auditorías del gasto vinculado a inmigración, medidas para controlar el padrón y combatir usos fraudulentos, y la defensa de un acceso prioritario a ayudas y prestaciones para quienes acrediten arraigo.

En el ámbito institucional y de servicios públicos, Castilla y León, Aragón y Extremadura comparten la idea de revisar el gasto para eliminar partidas improductivas, reducir subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades sin utilidad pública, y reforzar la sanidad con más recursos, menos listas de espera e inversiones en infraestructuras.

También aparecen medidas comunes sobre atención a mayores, climatización o mejora de centros educativos, priorización del producto español en comedores públicos y una mayor simplificación administrativa, con la declaración responsable y el silencio positivo como ejes de agilidad burocrática.