Estudio de la UEx analiza el Corredor Ambiental de Extremadura y su gobernanza turística

Un estudio reciente de la Universidad de Extremadura (UEx) analiza el Corredor Ambiental de Extremadura y cómo la gobernanza turística puede convertirse en una herramienta clave para la sostenibilidad social y ambiental, mientras que sus conclusiones también señalan desafíos pendientes, como la escasa atención a la diversidad funcional y de género.

En concreto, el Corredor Ambiental de Extremadura es una iniciativa liderada por la Unesco que conecta cuatro territorios con un alto valor ecológico y cultural, como son la Reserva de la Biosfera de La Siberia, el Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo/Tejo Internacional. Además, a estos se une el Real Monasterio de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad.

A su vez, en el estudio participan los investigadores Rocío Blanco Gregory, Marcelo Sánchez-Oro Sánchez y Margarita Calleja Aldana, del Grupo de Investigación Delsos (Desarrollo Local y Sostenible) de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la UEx.

Tal y como explica una de sus autoras, Rocío Blanco, "un corredor ambiental es un área o zona que conecta espacios naturales valiosos para la flora y la fauna, y que facilita procesos ecológicos clave como el intercambio genético y la migración de especies".

"Mediante esta designación, la Unesco busca promover el turismo sostenible y la conservación del medio ambiente, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de explorar la diversidad de ecosistemas de nuestra comunidad", ha indicado.

De la necesidad de evaluar su gobernanza turística, es decir, la manera en que se gestiona y dirige el desarrollo turístico en estos territorios, surge el actual trabajo, que demuestra que una gobernanza participativa fortalece un desarrollo turístico sostenible, según indica la UEx en una nota de prensa.

A través de encuestas a visitantes y datos del Observatorio de Turismo, los investigadores identifican avances significativos en la participación de actores locales en la toma de decisiones.

Estos actores incluyen ayuntamientos, asociaciones empresariales, colectivos ciudadanos, técnicos de turismo y gestores de espacios protegidos, que participan en procesos de gobernanza colaborativa, lo cual aumenta la implicación de la comunidad local, promueve la equidad, fortalece la planificación estratégica y fomenta la cohesión territorial.

Sin embargo, también se señalan desafíos pendientes, como la escasa atención a la diversidad funcional, es decir, la adecuación de la oferta turística a personas con discapacidades, así como la perspectiva de género.

"Es necesaria una mayor inclusión de la perspectiva de género y la diversidad funcional", señala Rocío Blanco, junto con que es una meta "que podría lograrse con una financiación más adecuada, un impulso a la digitalización y una ampliación del compromiso institucional".

El trabajo destaca la importancia de una planificación turística inclusiva y coordinada para garantizar un desarrollo equilibrado y respetuoso con el entorno y las comunidades locales en estos territorios rurales. "Creemos que sus resultados pueden aplicarse como modelo en otros territorios protegidos que busquen equilibrar turismo, naturaleza y sostenibilidad social", ha concluido.