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23 junio 2026 | Publicado : 13:06 (23/06/2026) | Actualizado: 13:53 (23/06/2026)
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La Comunidad Autónoma de Extremadura ha iniciado los trámites para recurrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno, dotado con un total de 210 millones de euros para la comunidad hasta 2030, de los cuales 84 serán aportados por la administración autonómica, y que el Ejecutivo de María Guardiola considera un esfuerzo económico "absolutamente desproporcionado" para la hacienda regional.
En concreto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado este martes, 23 de junio, iniciar dos requerimientos previos a la interposición de dos recursos, uno ante el Tribunal Constitucional y otro ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
A pesar de que no estaba en el orden del día, la medida se ha acordado al considerar la Junta que el plan "invade competencias exclusivas" de la comunidad y porque "impone" a las regiones, y en "especial" a la extremeña, unas condiciones económicas y de gestión que el Ejecutivo de María Guardiola no comparte, ya que además establece una aportación "mucho mayor" para aquellas regiones que, al contrario que Extremadura, tienen declaradas zonas tensionadas.
Así lo ha indicado la portavoz de la Junta, y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha explicado que la región tiene "competencia exclusiva" en la materia y que, por tanto, no va a aceptar que se le "impongan decisiones" que le corresponden a la comunidad autónoma.
El gobierno extremeño da este paso porque el reparto económico es "claramente desequilibrado", en tanto que el Estado exige un esfuerzo financiero "muy superior al que él asume, pues el Gobierno incrementa su financiación 2,9 veces más de lo actual pero "obliga a Extremadura a multiplicar por siete su aportación".
"Esto no es justo, no lo consideramos justo, lo vamos a impugnar, no se pueden tomar decisiones desde Madrid y que después sean las comunidades autónomas las que tenemos que soportar la mayor parte de este coste", ha señalado Manzano, quien ha añadido que se van a utilizar "todos los instrumentos legales previstos" en el ordenamiento jurídico para "combatir esta injusticia".
Una decisión adoptada por "lealtad", por la "defensa incondicional" de los intereses de la comunidad autónoma, por "responsabilidad institucional" y con "una convicción muy, muy clara", que es que "siempre" va a defender las competencias de Extremadura, su autonomía financiera y la "capacidad de decidir sobre las políticas de vivienda que afectan a los extremeños".
La Junta recurre, ha abundado, porque considera que el Estado "invade competencias autonómicas y obliga" a la región a "asumir un esfuerzo económico" con recursos propios que es "absolutamente desproporcionado".
AGRAVIO CON OTRAS CCAA
Según la portavoz del Ejecutivo regional, además de rechazar la "imposición" de cofinanciar el 40% de "todas y cada una de las actuaciones", ha señalado que no comparten la "injusticia que deriva de un agravio", al comparar las cantidades recibidas con las de otras comunidades autónomas.
En este sentido, ha expuesto que se financia atendiendo a las zonas tensionadas que "existen en otras comunidades autónomas", entre las que ha citado a Cataluña y el País Vasco, lo que provoca que en ellas la aportación estatal sea "mucho mayor" que en Extremadura, donde no se han declarado, lo cual "quiebra principios esenciales de Justicia".
Por otro lado, además de esta "ridícula aportación" del Estado, la mandataria extremeña ha rechazado que se imponga, en este caso en el ámbito de la gestión, que para asegurar "cualquier actuación relacionada con esta financiación", será necesario "contar con una autorización del ministerio", lo que supone una "limitación" de la "propia autonomía política" que tiene Extremadura.
