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15 mayo 2025 | Publicado : 13:01 (15/05/2025) | Actualizado: 13:05 (15/05/2025)
El impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España se ha convertido en una nueva fuente de conflicto social. Desde su aprobación, hace poco más de un mes, han surgido múltiples reacciones negativas por parte de ciudadanos que consideran que esta carga afecta de forma directa a su estabilidad económica.
El impacto se nota ya en los recibos de millones de personas. Esta situación ha provocado la indignación de quienes ya estaban en desacuerdo con decisiones gubernamentales anteriores. En consecuencia, han surgido protestas contra la Ley 7/2022, que establece esta tasa. Aunque su objetivo declarado es fomentar la sostenibilidad, el malestar generado ha sido notable.
Antes de hablar sobre la recogida de firma que se ha puesto en marcha de forma espontánea por parte de la ciudadanía, es importante señalar que la aplicación del impuesto no será igual en todo el país. Cada ayuntamiento tiene autonomía para definir las condiciones concretas en su ámbito local.
El importe se calculará teniendo en cuenta el valor catastral del inmueble, el consumo de agua y el número de personas empadronadas. De este modo, no será lo mismo vivir en Madrid o Sevilla que en una localidad más pequeña como Teruel. Este enfoque busca una distribución más equitativa, ajustada a las características de cada municipio.
En los territorios donde ya se ha implementado, la media anual ronda los 80€. Aunque puede parecer razonable si se vincula con la protección del medioambiente, para muchos hogares esta cifra supone una dificultad añadida. La preocupación se centra en cómo asumir este importe sin afectar otras necesidades básicas.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien debe abonar la tasa es el ocupante del inmueble, es decir, la persona que reside en él y se beneficia del servicio. Por tanto, será el inquilino quien deba afrontar este nuevo cargo, incluso si no es el dueño de la propiedad.
Esta disposición ha generado controversia en el mercado de alquiler. Algunos defienden que es lógico que quien usa el servicio lo pague, mientras que otros creen que el propietario debería ser quien asuma la obligación. Esta diferencia de criterios ha provocado inseguridad y muchas consultas sobre cómo se aplicará en contratos de arrendamiento.
El lema "quien contamina, paga" resume el espíritu de la campaña, que busca vincular el impacto ambiental con la responsabilidad económica. Aunque el discurso en favor del medioambiente ha sido constante, parece que el factor económico es el que genera mayor movilización.
Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, cuando una medida pública se considera injusta, la sociedad reacciona. La recogida de firma permite canalizar ese rechazo de forma ordenada y pacífica, dando voz al desacuerdo colectivo ante una norma que muchos califican de injusta.
En Madrid, donde los primeros recibos están previstos para julio de 2025, se ha iniciado una recogida de firma mediante la plataforma Charge.org. Esta acción tiene como fin denunciar la falta de equilibrio en la aplicación del impuesto y reclamar una alternativa más justa, especialmente para quienes viven en situaciones económicas más delicadas.
Mientras tanto, algunas ciudades como Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga todavía no están afectadas por esta tasa. Aunque esta situación podría cambiar, por ahora quedan fuera de la normativa. Esta diferencia evidencia que la implantación del impuesto no ha sido uniforme, lo que abre un espacio para la reflexión y la modificación.
