Asociación Migrante critica las "trabas" en expedición de certificados de vulnerabilidad

30 abril 2026 | Publicado : 12:04 (30/04/2026) | Actualizado: 18:08 (30/04/2026)

Así, lo afirma la Asociación Migrante-Obrera de Extremadura (Amoex), matizando que sí que están encontrando "trabas" por parte del Ayuntamiento de Badajoz en la expedición de los certificados de vulnerabilidad.

Para Amoex, se trata de una "traba" y de una "falta de voluntad" por parte del consistorio de la capital pacense para solucionar este problema de documentación de la comunidad migrante que no está en estos momentos regularizada en Badajoz, donde estiman que son entre 1.000 y 1.500 las personas que se pueden beneficiar de este proceso de regularización, a la par que señalan que son "muchas" las que están a la espera de este certificado y que son las asociaciones las que lo están expidiendo.

En su caso, no tienen la autorización y lo hacen a través de la Fundación Ruy López de Almendralejo, una de las homologadas en Extremadura según el listado oficial del Ministerio, al tiempo que han subrayado el nivel de trabajo que reciben todos los días, seleccionando y verificando la documentación del migrante y que esté completa para poderla enviarlo a la fundación, que tiene que hacer a su vez su labor de comprobación para poder emitir el certificado en cuestión, que Amoex facilita en tres o cuatro días laborables.

Para ello, actualmente cuenta con dos o tres personas trabajando más el personal de dicha fundación "cuando el ayuntamiento tiene toda la maquinaria, tiene todo el personal para trabajar y expedir estos certificados cuanto antes", por lo que lo ven "una traba" que tiene la comunidad migrante para poderse regular, ante la que piden al Ayuntamiento de Badajoz que considere la posibilidad de empezar a trabajar en estos certificados "lo antes posible", en aras de reducir también "un poco" la carga de trabajo que tienen las asociaciones respecto a este certificado.

Así lo ha señalado el presidente de Amoex, Alejandro Peña, en una rueda de prensa junto a la colaboradora de la asociación María Gallardo, en la que ha abogado por que Servicios Sociales "se ponga a la tarea de lo que debe hacer, ser Servicios Sociales para la comunidad" en la que los migrantes también forman parte de la misma, por lo que ha hecho un llamamiento para que les atiendan y expidan este documento.

En su intervención, Peña ha explicado que trabajan por la comunidad migrante y sus derechos, con el fin de buscar la regularización y que tengan sus derechos y "quitarles cada vez más" de "ese mercado laboral sumergido, donde están expuestos y están susceptibles a la explotación laboral".

LA REGULARIZACIÓN EN EXTREMADURA

Sobre este proceso de regularización en Extremadura, ha destacado que cada día más personas pueden entregar sus documentos en los diferentes espacios dispuestos por el Ministerio para este fin, y que está siendo un proceso "ágil" y "con todas las garantías" para la comunidad por parte de dicho departamento y los funcionarios de Correos o de la Seguridad Social donde se entrega esta documentación.

Acto seguido, se ha referido al certificado de vulnerabilidad y que han podido constatar y darse cuenta de que en Extremadura cada vez son más los migrantes que lo necesitan, para lo que ha ejemplificado que de las entre 150 y 200 personas diarias que atienden en la asociación lo piden en torno al 80 por ciento.

También están viendo que en municipios como Cáceres o Mérida ya se está llevando a cabo la entrega de los certificados de vulnerabilidad por parte de los Servicios Sociales de los ayuntamientos, pero que en el de Badajoz están viendo un "enquiste" y "no hay garantías" y "ni un solo certificado emitido" por la concejalía del área desde hace 15 días que se ha abierto el plazo para solicitar este documento.

Ante ello, las asociaciones están recibiendo una "carga" de trabajo a tenor de la expedición de estos certificados ya que son ellas quienes los están emitiendo porque el consistorio de la capital pacense "se está negando a emitirlo". "En este momento lo único que está haciendo el ayuntamiento es recibir datos en su sede en la calle San Lorenzo 25, simplemente está solicitando datos y le está diciendo al migrante que ya lo llaman", ha dicho, junto con que saben de personas que esperan esta llamada desde hace 15 días.

Al mismo tiempo, Alejandro Peña ha afeado que no hay gestión, ni respuesta, y que tampoco les trasladan cuándo van a empezar a trabajar en los mismos, cuando saben que están recibiendo entre 80 y 90 solicitudes diarias y que las están archivando porque no están trabajando sobre ellas y "por el momento no tienen ninguna intención de entregar estos documentos". En el caso de otros ayuntamientos, Cáceres "tardó un poco" pero ya lo está haciendo y en el de Mérida cree que es una de las ciudades que "más rápido" ha empezado a emitirlos en Extremadura.

DOS MESES IMPORTANTES PARA MUCHAS PERSONAS

En este punto y preguntado por si creen que hay una intencionalidad en el caso del Ayuntamiento de Badajoz, ha valorado que Amoex ve que "es falta de voluntad" y que "puede ser una forma de bloquear este proceso", mientras y en relación a si les han cuestionado sobre esta cuestión al consistorio ha expuesto que no hay respuesta y que lo última que les han dicho es que tienen que pedir información al Gobierno Central porque desconocen cómo tramitarlo.

Así, ha asegurado que si una persona migrante no tiene documentación "ya es vulnerable" y que el certificado contempla distintas circunstancias. "Si lo hacemos nosotros, cómo el ayuntamiento, que es una institución que tiene todo el personal para muchas otras cosas no puede sacar dos meses, porque es que son dos meses, mayo y junio, para sacar estos certificados", ha cuestionado, cuando "son dos meses importantes para muchas personas que, si no tienen este documento, se pueden quedar en situación irregular cuando tienen la oportunidad de regularizarse ahora mismo".

Por último y sobre el perfil principal de migrantes atendidos por Amoex, su presidente ha concretado que muchas son mujeres y que se dedican al cuidado de mayores "sin garantías", con salarios "precarios" y descansos "mínimos", mientras que en el caso de los hombres suelen trabajar en el campo y mayoritariamente en Portugal porque en España es "imposible". Asimismo, trabajan también con personas que llevan unos cinco o seis años aquí, pero que no se han podido regularizar al necesitar un contrato de trabajo.