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23 junio 2026 | Publicado : 12:06 (23/06/2026) | Actualizado: 22:20 (23/06/2026)
Ep./Rd.
La secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Inmaculada Núñez Arroyo, ha aludido a criterios de "legalidad", "revisión" y "adecuación presupuestaria" en la reducción del 50 por ciento de las subvenciones que reciben sindicatos y patronal.
Núñez ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi sobre cuál va a ser la postura de la Junta frente a la financiación de las organizaciones sindicales pertenecientes al dialogo social durante esta legislatura.
Así, en la reunión de la Comisión de Administración Pública y Diálogo Social, la secretaria general de la consejería ha subrayado que, para fijar la posición de la Junta en relación con la financiación de la participación institucional, es necesario tener "muy en cuenta" el marco normativo.
De este modo, ha puesto en valor que la Constitución otorga tanto a las organizaciones sindicales como a las asociaciones empresariales un "papel fundamental" en la participación institucional, a lo que ha unido también la Ley de Desindexación de la Economía Española, en virtud de la cual "no se pueden actualizar automáticamente los valores monetarios a generales de precios de consumo".
"Solo sería posible incrementar esta dotación siempre que estuviera avalada por otra ley, otra norma con rango de ley o se hiciera sobre la base del incremento de los costes reales del objeto de la ayuda. Entonces, solamente en estos dos casos se podrían actualizar estas ayudas", ha señalado.
Del mismo modo, Núñez se ha referido al pacto de gobernabilidad entre el PP y Vox, en el que no figura una supresión general de las subvenciones a los agentes sociales pero sí compromisos que tienden a la reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública.
Por ello, y como consecuencia del citado acuerdo de gobernabilidad y en cumplimiento con las leyes, se ha llevado a cabo una "revisión exhaustiva" de las cantidades en base a la ley percibidas, algo que ha sido "determinante" para fijar la cuantía consignada en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, situada en 284.850 euros.
De este modo, la secretaria general de Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social ha aseverado que la Junta reconoce el papel constitucional y legal de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, aunque, no obstante, ha defendido que la financiación de dicha participación debe ajustarse al marco normativo vigente.
"En este contexto, y atendiendo también sin duda al acuerdo de gobernabilidad vigente, pues la Junta ha revisado, como les digo, las cuantías históricamente satisfechas y ha fijado para 2026 una subvención nominativa de 284.850 euros para cada uno de los cuatro agentes sociales más representativos, manteniendo, por tanto, la financiación de la participación institucional, pero sometiéndola sin duda a los criterios de legalidad, de revisión y de adecuación presupuestaria", ha remarcado.
UNIDAS DEFIENDE QUE EL RECORTE ES UNA "DECISIÓN POLÍTICA"
Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi ha asegurado que el gobierno de la Junta no comienza en esta legislatura y ha sostenido que hay determinadas decisiones que fueron asumidas en la anterior.
De este modo, ha criticado que se haya querido revestir de "carácter técnico" la reducción de subvenciones, que es una "decisión que es plenamente política" y que proviene de un pacto de gobierno entre el PP y Vox.
"Lo que ustedes han hecho han sido ser los más ultras de los ultras. Es que en Aragón han reducido solamente un 15 por ciento en el proyecto de presupuestos que han presentado, también teniendo firmado exactamente lo mismo. Por lo cual ustedes se han vendido a la agenda más ultra posible", ha criticado.
Así, ha preguntado por qué a la Junta no le gusta los sindicatos y ha respondido que se debe a que no es del agrado de la administración autonómica que haya unas organizaciones que les recuerden "todos los días" que hay empleados públicos que cobran "por debajo del salario mínimo interprofesional y que, si no fuera gracias a complementos, estarían por debajo del mismo"
"A ustedes lo que no les gusta es asumir la realidad. Porque es mucho más sencillo decir, no, no, aquí no ocurre nada", ha dicho. "Por lo cual, no me venga usted a dotar de un contenido técnico e intentar vender un contenido técnico de una decisión que es puramente política, porque ustedes no quieren gente que les llame la atención sobre sus políticas", ha aseverado.
De este modo, el diputado de Unidas por Extremadura ha lamentado que el PP haya "abierto la veda" debido a que necesitaban cerrar el acuerdo de gobierno y "justificar la aventura a la que nos sometieron ustedes en pleno invierno" al adelantar las elecciones autonómicas el pasado diciembre.
Finalmente, en turno de réplica, la secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Inmaculada Núñez, ha rechazado que la decisión de reducir las subvenciones sea una decisión política.
Así, ha dicho que al inicio del ejercicio de 2026, se realizó un análisis "muy exhaustivo" de la serie histórica de las asignaciones que se han ido incorporando en las leyes de presupuesto con motivo de la financiación de la participación institucional y en el que se ponía de manifiesto el " incumplimiento del marco normativo".
"Desde la entrada en vigor de esta ley se debería haber cumplido todos estos requisitos y justificado los incrementos anuales de estas subvenciones con base a los costes efectivos. No obstante, estos datos históricos nos ponen de manifiesto que desde el 2016 al 2018 se realizaron incrementos anuales de 30.000 euros, pero ningún incremento en ninguno de los años está justificado en base al aumento de los costes específicos", ha criticado.
Del mismo modo, ha señalado que en 2020 se produjo un "incremento desmesurado" de un 237,22 por ciento sin justificar el aumento de los costes efectivos, llegando ese año a un importe "618.481 euros", ha aseverado.
"Tampoco estoy de acuerdo con que no aboguemos por el diálogo social", ha dicho, además de incidir en que la Junta apuesta por mejorar las condiciones de los empleados públicos.
