Ep

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "a la mayor brevedad posible" le remita un informe "objetivo y acreditado" sobre las causas del apagón del pasado lunes.

Así lo ha solicitado María Guardiola, a través de una carta remitida el pasado viernes, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que le traslada a Sánchez la "profunda preocupación" del Gobierno autonómico por el cero energético acaecido el 28 de abril y que "afectó gravemente a la vida de los españoles y extremeños, y alteró el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales" que prestán las comunidades autónomas.

Según Guardiola, la caída de la red eléctrica, que conllevó también la pérdida temporal de los servicios de telecomunicaciones durante horas, "no solo puso en riesgo el funcionamiento de hospitales, residencias, centros educativos y otras dependencias administrativas claves que conseguimos mantener operativos con esfuerzo, sino que generó una justificada alarma entre la población".

Asimismo, añade que "esa incertidumbre se extendió a los sectores públicos y privados que dependen para su funcionamiento de una infraestructura segura y estable", explica la presidenta extremeña.

Ante esta situación, recalca que el gobierno de la Junta de Extremadura considera "imprescindible" que el Gobierno de España, a través de los cauces oficiales correspondientes, proporcione "una explicación razonada y transparente" de las causas del apagón, así como de las medidas que se han adoptado -o se prevé adoptar tanto a corto como a largo plazo para que un suceso como este no vuelva a repetirse.

Para la jefa del Ejecutivo Regional, "la ausencia de información oficial a cinco días del suceso favorece la proliferación de rumores, versiones no contrastadas y desinformación, lo que debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

De esta forma, insta "respetuosamente" al presidente del Gobierno a que le remita "a la mayor brevedad posible un informe objetivo y acreditado sobre lo sucedido", con el objetivo de "trasladarlo al parlamento regional y al conjunto de la ciudadanía, garantizando así el derecho a la información y la transparencia institucional".