PSOE rechaza el Decreto-Ley 2/2025 por su falta de credibilidad, rigor y ser un retroceso

Así, lo ha señalado el portavoz de Vivienda del grupo parlamentario socialista, Fernando Rodríguez Enrique, expresando el rechazo de su grupo al Decreto-Ley 2/2025, cuya convalidación se ha debatido en el Pleno de la Asamblea, un decreto que ha sido rechazado por contar solo con los votos a favor del PP.

Rodríguez Enrique ha denunciado que el texto supone un regreso al urbanismo más salvaje de principios de siglo, camuflado bajo la apariencia de simplificación administrativa y promoción de vivienda.

Además, ha calificado el decreto como una operación profundamente ideológica, plagada de medidas que favorecen la especulación y la desregulación, alejándose de un modelo que garantice un urbanismo ordenado y un derecho efectivo a la vivienda.

El diputado socialista ha señalado que, si el Gobierno se hubiera limitado a reformas puntuales como las referidas a función pública o la actualización de la Ley Agraria, el texto habría contado con el apoyo unánime de la Cámara.

Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por abrir la puerta a figuras urbanísticas caducas, por vaciar de competencias a los ayuntamientos, y por impulsar privatizaciones encubiertas a través de entidades certificadoras privadas, eliminando garantías públicas esenciales.

En su intervención, Rodríguez Enrique ha denunciado el intento de consolidar los planes de delimitación de suelo urbano como herramientas permanentes, cuando en realidad son figuras obsoletas, sin valor como instrumentos de ordenación y contrarias al espíritu de la LOTUS.

También, ha advertido que mantener estos mecanismos solo responde a la intención de facilitar recalificaciones exprés y operaciones urbanísticas especulativas sin planificación coherente.

Junto con ello, ha cuestionado la introducción de la declaración responsable para sustituir la licencia de primera ocupación, alertando sobre los riesgos jurídicos, técnicos y de seguridad que implica esta figura.

Además, ha subrayado las consecuencias de habilitar el uso de viviendas sin controles previos, trasladando la responsabilidad a los ayuntamientos, que podrían verse obligados a desalojar edificios incluso ya habitados si posteriormente se detectan irregularidades.

Rodríguez Enrique ha criticado con dureza el impulso de una colaboración público-privada en el ámbito urbanístico que, en su opinión, solo sirve para desplazar a los técnicos municipales y abrir el camino a decisiones interesadas por parte de operadores privados, en lugar de preservar el interés general. Ha recordado episodios como el de Seseña y ha preguntado si el Gobierno siente nostalgia de ese tipo de desarrollos.

El portavoz socialista también ha desmontado la supuesta novedad que supone la cesión de suelo para vivienda, recordando que esa era ya la base del Plan Habita Extremadura impulsado la legislatura pasada.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de practicar una política basada únicamente en anuncios, sin planificación ni normativa clara que los respalde.

Ha tildado de incongruente la utilización de suelo terciario para hacer vivienda, una medida que pone en riesgo el equilibrio urbano de los municipios, destruye espacios comerciales y elimina equipamientos públicos necesarios como aparcamientos, colegios o centros de salud.

A su juicio, esta propuesta representa un modelo desordenado y oportunista, que solo busca inflar cifras y contentar intereses muy concretos.

Rodríguez Enrique ha ironizado con el apartado del decreto que denomina “actuaciones disconformes” a lo que en realidad son, según él, legalizaciones encubiertas.

Asegura que este tipo de eufemismos pretende esconder que se está habilitando a las compañías suministradoras para dar luz y gas a edificaciones irregulares, sin garantías ni planificación.

En su intervención, ha recordado que los instrumentos de ordenación tienen como objetivo equilibrar los usos del suelo, y que un planteamiento que permite reclasificaciones sin estudio del impacto urbano solo puede definirse como un pelotazo urbanístico.

Ha responsabilizado al Gobierno de haber ignorado durante dos años la necesidad de ayudar a los municipios a adaptar su normativa a la LOTUS, y ahora pretende resolver esa dejación con un decreto de carácter regresivo y excluyente.

Ante este panorama, el portavoz socialista ha anunciado que, si el decreto es convalidado, su grupo exigirá que se tramite como proyecto de ley para poder presentar enmiendas y garantizar la participación de todos los actores implicados.

Ha anunciado que el Grupo Socialista registrará de inmediato una Proposición de Ley para ampliar en dos años el plazo de adaptación a la LOTUS, liberando así a los municipios del chantaje normativo al que se les somete con este texto.

Además, ha anunciado una iniciativa parlamentaria de su grupo para que la Junta de Extremadura financie directamente los trabajos técnicos de adaptación urbanística o los asuma de forma centralizada, evitando que los ayuntamientos tengan que hacer encajes presupuestarios imposibles para cumplir con la ley.

Rodríguez Enrique ha concluido afirmando que el Gobierno de la señora Guardiola demuestra no tener ni idea de urbanismo ni de cómo abordar el problema de la vivienda.

“Dicen que no hay vivienda si no hay suelo, en una región con 130.000 viviendas vacías que podrían rehabilitarse. Es la prueba de que no saben de lo que hablan”, ha sentenciado.

Ha cerrado su intervención con una clara contraposición de modelos, “el del urbanismo de barra libre al servicio de unos pocos o el del derecho constitucional a la vivienda como garantía para la mayoría social” y, el PSOE “seguirá defendiendo este último”.