ÚLTIMA HORA
Extremadura
Junta ensalza su compromiso con seguridad con más inversión...
Bautista ha reconocido que esta inversión se ha convertido en resultados y ha agradecido la...
20 mayo 2026
La Asociación Migrante Obrera de Extremadura (Amoex) ha expresado el rechazo al uso de la inmigración por parte de Vox para "fomentar el miedo y el enfrentamiento social".
Así pues, en respuesta a declaraciones realizadas por la portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, a raíz de la investigación policial sobre una presunta trama de empadronamientos fraudulentos en la provincia de Cáceres, el colectivo considera que "el fraude debe perseguirse siempre, independientemente de quién lo cometa".
No obstante, advierte también de que "no puede utilizarse una investigación concreta para señalar colectivamente a miles de personas migrantes ni para alimentar discursos de sospecha, rechazo o confrontación social".
A través de una nota de prensa, la asociación recuerda también que "ninguna persona migrante es ilegal" y que "migrar no constituye ningún delito". En este sentido, solicita "responsabilidad institucional" y el uso de una terminología "adecuada", recordando que las personas pueden encontrarse en situación administrativa irregular, pero no ser calificadas como "ilegales".
Amoex considera que las declaraciones realizadas por Vox, "vinculando la regularización extraordinaria de personas migrantes con la delincuencia, el fraude o la presión sobre los servicios públicos", a su juicio "distorsionan la realidad y contribuyen a la estigmatización de personas que ya viven, trabajan y forman parte de la sociedad extremeña y española".
REGULARIZACIÓN
En este sentido, recuerda que el proceso de regularización extraordinaria planteado pretende abordar una realidad "ya existente", toda vez que "más de 600.000 personas migrantes que residen actualmente en España, muchas de ellas desarrollando trabajos esenciales y encontrándose expuestas a situaciones de precariedad, economía sumergida, explotación laboral o ausencia de derechos plenos".
Desde una perspectiva "obrera" y de "defensa de derechos humanos", Amoex sostiene que "regularizar no significa fomentar el fraude, sino combatirlo". "La regularización administrativa permite sacar a miles de personas de la invisibilidad, facilitar su incorporación al empleo formal, aumentar las cotizaciones y reducir espacios donde prosperan la explotación laboral, la economía irregular y las redes que se benefician de la vulnerabilidad de las personas migrantes", asevera.
Asimismo, la asociación muestra su "preocupación" por el "intento de vincular inmigración y ayudas sociales para justificar restricciones de acceso a derechos básicos"; y recuerda que la pobreza, la exclusión y la precariedad "no tienen nacionalidad", y que deben abordarse desde políticas públicas de "justicia social y cohesión, no desde el señalamiento de colectivos vulnerables".
La Asociación Migrante Obrera de Extremadura alerta, además, de que los discursos que presentan a la población migrante como una amenaza "deterioran la convivencia y favorecen actitudes xenófobas y discriminatorias".
Al mismo tiempo, recuerda que Extremadura ha sido "históricamente una tierra de emigración" y que "miles de extremeños y extremeñas tuvieron que abandonar su tierra en busca de trabajo, dignidad y oportunidades". Para la asociación, esa "memoria colectiva" debe servir para "construir convivencia, empatía y solidaridad entre pueblos y trabajadores".
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Finalmente, la Asociación Migrante Obrera de Extremadura hace un llamamiento a las fuerzas políticas, instituciones y sociedad civil para defender una convivencia "basada en los derechos humanos, la igualdad y el respeto mutuo".
A este respecto, el presidente de Amoex, Alejandro Peña, subraya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 13 que "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado".
Por ello, hace un llamamiento a los distintos actores (políticos, sociales e institucionales) a rechazar los discursos de odio y a defender "la convivencia, la dignidad humana y los derechos fundamentales de todas las personas".
