Extremadura
Extremadura pide a Gobierno consenso en decreto prevención laboral...
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En la Asamblea
19 junio 2026 | Publicado : 17:13 (19/06/2026) | Actualizado: 21:47 (19/06/2026)
Ep.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha informado este viernes del registro de una propuesta ante la Asamblea de Extremadura para exigir que se rebajen de 280 a 165 los días que los docentes interinos necesitan haber trabajado durante el curso para cobrar los meses de verano, julio y agosto.
De Miguel ha explicado que actualmente esta cuestión se rige por el decreto 122/2012, que se aprobó en el "marco de los recortes" del Gobierno del PP de Mariano Rajoy -cuyo ministro de Educación era José Ignacio Wert- y del gobierno autonómico del también 'popular' José Antonio Monago.
Fue entonces, en 2012, cuando se aprobó un nuevo régimen para los interinos donde se aumentaba a 280 los días exigidos para cobrar durante los meses de verano.
Sin embargo, De Miguel considera que este decreto representa "una injusticia tremenda y un agravio comparativo con otras regiones" como Cataluña, donde el mínimo es de 165 días, de manera que ha pedido que se retorne a la situación previa a 2012, cuando el mínimo eran precisamente esos 165 días.
"Exigimos que se derogue este decreto, que se implante los 165 días que había y que se vuelva a la normalidad porque, ante los presupuestos históricos más grandes, no puede ser que se esté recortando a nuestros docentes, sobre todo a los interinos, negándoles ese derecho al descanso que tienen", ha defendido la portavoz de Unidas en declaraciones a los medios tras registrar la propuesta.
"Si han cotizado 165 días al año trabajando como docentes en la escuela pública, tienen derecho a cobrar el verano y tienen derecho a puntuarlo", ha ahondado De Miguel, quien ha solicitado igualmente que estos 165 días computen igual, es decir, de manera independiente a si se hacen de continuo o no.
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA BIOMETANIZACIÓN
Además, este viernes Unidas por Extremadura ha registrado una segunda propuesta, en este caso, para impulsar un plan estratégico para la biometanización en Extremadura.
Al respecto, Irene de Miguel ha explicado que Extremadura está experimentando una "proliferación de plantas de biometano", señalando especialmente a las 'macroplantas', cuyo objetivo sería recoger "residuos orgánicos, purines de cerdos, residuos de agroindustrias, lodos de depuraduras" en una cantidad que "está totalmente fuera" de lo que se produce en Extremadura.
"Eso quiere decir que nos vamos a convertir en el estercolero de este país e, incluso, de este continente", ha denunciado De Miguel.
Unidas por Extremadura ha exigido impulsar este plan, siguiendo a otras comunidades, con el objetivo de que haya una "ordenación adecuada" de las plantas de biometano, para que su dimensión "sea la adecuada" a los residuos que se producen y para que, además, estas plantas se instalen teniendo en cuenta la participación ciudadana.
En este sentido, ha asegurado que estas instalaciones suelen generar impactos en el territorio, en la salud y comportarían una contaminación. Así cree que, al menos, sería necesario que estas plantas se instalen "con el beneplácito de la gente que las va a sufrir".
Además, ha solicitado una moratoria de dos años en la instalación de estas plantas de manera que dé tiempo a poner en marcha el plan estratégico. Para Irene de Miguel, estas instalaciones "están proliferando pero "sin orden ni concierto y, sobre todo, sin atender a la voluntad popular, a la voluntad de la ciudadanía que la va a sufrir".
Conviene resaltar que precisamente este pasado 12 de junio vecinos de Granja de Torrehermosa se han manifestado en la localidad, hasta llegar a cortar la carretera N-432, contra la 'macroplanta' de biometano que se quiere instalar en la localidad.
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