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09 marzo 2026 | Publicado : 12:18 (09/03/2026) | Actualizado: 15:56 (09/03/2026)
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura ha pedido "más seguridad laboral y más personal" así como el "reconocimiento profesional" del sector de la intervención con menores en la región.
En concreto, se trata de una petición que el sindicato realiza cuando se cumple un año de la muerte de la educadora Belén Cortés en un piso tutelado de Badajoz presuntamente a manos de menores de este centro, y lo que ha querido recordar su figura y reclamar que "su muerte no puede quedar reducida a un recuerdo puntual", sino que "debe servir para impulsar cambios reales que garanticen la seguridad y la dignidad laboral de quienes trabajan en este ámbito".
Así pues, según informa CCOO en una nota de prensa, la labor que realizan los profesionales que trabajan con menores en contextos de intervención socioeducativa, protección o cumplimiento de medidas judiciales "es esencial para el funcionamiento del sistema de protección y justicia juvenil", asegura.
Unos profesionales que desarrollan su trabajo en "entornos complejos, con altos niveles de responsabilidad, gestionando situaciones de conflicto y acompañando procesos educativos con menores que requieren una intervención especializada", señala.
Ante esta situación, CCOO apunta que desde hace años viene "denunciando que este sector se encuentra marcado por condiciones laborales insuficientes, plantillas ajustadas, falta de recursos y déficits en materia de prevención de riesgos laborales", especialmente en dispositivos que trabajan con menores con medidas judiciales o perfiles de especial complejidad.
Según apunta, la muerte de Belén Cortés "evidenció de forma dramática la necesidad de revisar el modelo de organización del trabajo y las condiciones de seguridad en estos centros", por lo que ahora, un año después, CCOO considera "imprescindible recordar que la prevención de riesgos laborales en este ámbito no puede limitarse a protocolos formales, sino que debe traducirse en medidas reales" que protejan a los trabajadores.
PETICIONES DEL SINDICATO
En este sentido, Comisiones Obreras de Extremadura reclama un refuerzo de las plantillas en los recursos residenciales y pisos tutelados para menores con medidas judiciales, "garantizando ratios adecuadas de profesionales por turno", así como evaluaciones específicas de riesgos laborales adaptadas a la realidad del trabajo socioeducativo con menores en situación de conflicto o con medidas judiciales, y protocolos "claros y efectivos de actuación ante situaciones de violencia o agresión", con formación específica para el personal.
A su vez, reclama el sindicato "presencia suficiente de profesionales en los turnos, evitando situaciones de aislamiento laboral que incrementan los riesgos" para los trabajadores; formación continua en prevención de riesgos, gestión de conflictos y seguridad laboral, así como el reconocimiento profesional y mejora de las condiciones laborales del sector, incluyendo estabilidad en el empleo y salarios acordes con la responsabilidad del trabajo que se desempeña.
Finalmente, desde CCOO insiste en que la seguridad de los trabajadores "debe ser una prioridad para las administraciones públicas y para las entidades gestoras de estos recursos", y señala que la intervención socioeducativa con menores "no puede sostenerse sobre la precariedad ni sobre estructuras laborales insuficientes", concluye.
LA JUNTA RESPONDE
Por su parte, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha replicado al sindicato recordando que licitó un nuevo contrato de Hogares de inserción socio laboral para dar cumplimiento a las medidas judiciales de convivencia en grupo educativo impuestas por los Juzgados de menores.
Un contrato ya en vigor, que tal y como destaca duplica la inversión respecto del licitado por el anterior Gobierno en el año 2022 y que introduce "importantes mejoras" en el servicio, "muchas" de ellas solicitadas por los propios profesionales, lo que supone "no sólo una notable mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, sino también poder prestar una mejor atención para la reinserción a los jóvenes".
Con ello, entre las principales "mejoras" contempladas del nuevo contrato, la Administración regional destaca la ampliación del número de profesionales de cada hogar, de tal manera que se garantiza la presencia de, al menos, dos profesionales en cada turno, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Además, se ha incorporado una nueva categoría profesional, con un perfil más relacionado con el control, la seguridad y la contención, la de Auxiliar de Control Educativo, que se suma a los Psicólogos, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales y Auxiliares Técnicos Educativos, conformándose así un equipo multidisciplinar.
Del mismo modo, se ha dotado a los hogares y los trabajadores de sistemas de alarma de aviso rápido, tipo botón del pánico o similares, que garanticen una respuesta rápida ante situaciones de riesgo para la integridad física de los menores o de los trabajadores.
Igualmente, la Junta cree fundamental, y así recuerda que lo pedían los profesionales, la necesidad de ofrecer a los trabajadores, además de la formación general "adecuada para" cada especialidad, una formación específica relacionada con Actuación ante situaciones de violencia, que contemple técnicas de prevención y control de la situación, técnicas físicas para casos en los que haya que actuar, así como de autocuidado emocional del trabajador.
La empresa adjudicataria también debe disponer, añade la Administración extremeña, de un Protocolo especifico de actuación ante situaciones de violencia, independiente del resto de protocolos y programas del proyecto educativo de los jóvenes, así como de una herramienta técnica de evaluación del riesgo de reincidencia, tanto a lo largo del proyecto educativo como en el informe final de cada residente.
Por último, como mejora al contrato se contempla una bolsa de horas de Auxiliares de Control Educativo para la realización de trabajos de apoyo que fueran necesarios.
