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Y la colaboración
04 julio 2025
Ep.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha asegurado que existe margen para el diálogo y la colaboración con las comunidades autónomas para determinar el reparto de menores migrantes, si bien ha advertido de que no es creíble que algunas autonomías hayan alegado no poder acoger al no disponer de las plazas necesarias, ya que todavía no han puesto encima de la mesa los números que demuestren que no son capaces de hacerlo.
"Nosotros no vamos a ser irresponsables, nuestra visión de protección de la infancia e interés superior del menor va a prevalecer, y a medida que las comunidades vayan informando de esas plazas nosotros iremos adaptándolo", ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión con concejales de Izquierda Unida (IU) en Valladolid.
Asimismo, ha explicado que el Real Decreto-Ley que regula esta materia introduce 100 millones de apoyo, de forma que los traslados van a correr a cargo de ese fondo, pero también las ayudas para la instalación y la presencia de esos menores en los sistemas de protección en los primeros meses.
Precisamente, ha hecho especial énfasis en el hecho de que el Ejecutivo central ha dimensionado el sistema de protección a través de un Real Decreto-Ley que ha convalidado el Congreso y que establece cuál es la capacidad ordinaria que tienen los sistemas de protección.
Las comunidades que protestan, ha alertado, están por debajo de esa capacidad ordinaria, que se establece en 32 plazas por cada 100.000 habitantes, ya que se intenta aplicar a los sistemas de protección de la infancia el mismo criterio que se tiene en dependencia o en materia sanitaria.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia ha explicado que en materia de protección a los menores migrantes hay que actuar en los mismos términos, porque las plazas "no pueden crearse o destruirse en función de la demanda", sino que hay que tener un sistema integral proporcional, porque el fenómeno migratorio "ya no es una cuestión coyuntural, sino que forma parte de algo estructural que ha venido y se ha cronificado y los sistemas de protección tienen que adaptarse".
De hecho, ha afirmado que la inversión en el sistema de protección de la infancia es un porcentaje "muy pequeño" de los sistemas públicos sociales de las comunidades autónomas, que "tienen capacidad de hacerlo mucho mayor".
A este respecto, Pérez Correa ha remarcado que el Real Decreto-Ley que regula esta materia es de obligado cumplimiento en cualquiera de sus preceptos y el Gobierno va a hacer que se cumpla la legislación.
No obstante, ha señalado que hay marcos de diálogo a través de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno que van a hablar con las comunidades y ha asegurado que el Ejecutivo central "no va a ser irresponsable", puesto que su visión de protección de la infancia y el interés superior del menor "va a prevalecer".
Por todo ello, a medida que las comunidades informen de las plazas disponibles para acoger a los menores migrantes, bien generadas nuevas o que formen parte de menores que abandonan el sistema de protección, se irá adaptando.
"Creo que puede haber colaboración, y estamos hablando de un contingente, el Real Decreto habla de 4.400 menores, entendemos que van a ser menos, en un país de 47 millones de habitantes", ha señalado.
DEPENDENCIA DE VOX
En relación con esta cuestión, el secretario de Estado de Juventud e Infancia ha criticado el debate "obsceno" que se ha generado en torno a la capacidad y los recursos de las comunidades para acoger a los menores migrantes, cuando se habla de un contingente "muy pequeño" y de unos sistemas de protección a la infancia que en los últimos años "no han tenido grandes inversiones y, en muchos casos, incluso se han privatizado".
Ante esta situación, Pérez Correa ha destacado la necesidad de que exista una homogenización de los servicios y por ello ha detallado que el Gobierno trabaja en un Real Decreto que establezca las bases constitutivas del segundo gran cambio del modelo de protección.
Desde el punto de vista ideológico, ha criticado que este tipo de debates estén relacionados con la "dependencia" de Vox para aprobar políticas.
En este sentido, se ha referido a lo "obsceno" que resulta que un presidente autonómico como Carlos Mazón apruebe sus presupuestos y lo primero que haga en rueda de prensa sea decir que valencia no va a acoger a ningún menor.
"Cuando un presidente autonómico dice esto no está hablando de una cuestión económica, sino de la dependencia de la extrema derecha en el desarrollo de las políticas públicas en una Comunidad", ha lamentado.
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