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Extremadura, entre CCAA con mayor "limbo de la dependencia"
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07 julio 2025
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución para la concesión de subvenciones destinadas a la ejecución de obras de eficiencia energética en edificios e infraestructuras vinculadas a la prestación de servicios educativos, susceptibles de ser cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del Programa Feder 2021/27.
En total, se beneficiarán de estas ayudas 74 entidades locales. Educación destinará a este fin un importe total de 9.480.782 euros.
La resolución de la concesión relaciona las entidades locales beneficiarias, el proyecto subvencionado, su presupuesto, la cuantía de la subvención y su distribución por anualidades, según informa la Junta en una nota de prensa.
La finalidad de las subvenciones es la realización de obras de mejora de la eficiencia energética, implantación de energías renovables y sistemas de climatización en edificios e infraestructuras municipales asociados a la actividad educativa reglada de Educación Infantil (segundo ciclo) y Educación Primaria.
En esta línea, tal y como se recoge en las bases de la convocatoria, se financiarán obras de mejora de la envolvente térmica de estos edificios e infraestructuras, obras de instalación de sistemas de iluminación eficiente en interior, obras de mejora o implantación de sistemas de calefacción e implantación de sistemas de climatización por aerotermia centralizados altamente eficientes.
Las entidades beneficiarias de las ayudas dispondrán de tres meses desde la notificación de la resolución de concesión para la presentación del proyecto de ejecución que desarrolla la memoria valorada entregada junto a la solicitud.
Una vez aprobado dicho proyecto, las obras deberán comenzar en el plazo máximo de seis meses, mientras que la finalización, recepción y puesta en servicio de las actuaciones subvencionadas deberá ser antes del 30 de junio de 2027.
Además, los beneficiarios deben comprometerse a mantener las inversiones en infraestructuras o inversiones productivas por un periodo de cinco años desde el pago final.
