Extremadura
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15 julio 2025 | Publicado : 13:07 (15/07/2025) | Actualizado: 00:08 (16/07/2025)
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una declaración institucional de rechazo al pacto para el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña suscrito este pasado lunes por la comisión bilateral Estado-Generalitat.
A este respecto, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado que el "Gobierno de la presidenta María Guardiola no se va a mantener quieto o calmado" ante el acuerdo firmado de manera bilateral entre el Estado y Cataluña, que supone "el mayor atentado contra nuestro modelo de organización territorial, contra los principios constitucionales que rigen nuestro sistema".
Así, ha recalcado que el Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional en la que se rebaten "todos y cada uno de los acuerdos contenidos en ese pacto separatista" que supone un nuevo modelo de financiación para Cataluña y que significa "anular la autonomía financiera del Estado" con el único propósito de "mantenerse en el poder" y atenta contra el principio de ordinalidad contenido en la Constitución.
De hecho, en esa declaración, la Junta de Extremadura exige que "el sistema de financiación autonómica debe acordarse en el seno de un órgano multilateral" y que tanto la negociación del modelo como "el acuerdo que lo fundamente y su posterior aprobación y aplicación deben partir del minucioso examen de los principios y fines que rigen nuestra Constitución".
RECLAMACIÓN DEUDA POR NO ACTUALIZAR ENTREGAS
La Junta de Extremadura va a presentar un requerimiento al Ministerio de Hacienda por haber tenido que pagar casi un millón de euros en intereses entre 2023 y 2024, debido al retraso en la actualización de las entregas a cuenta por parte del Gobierno central.
Según Manzano, la no aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado tanto en 2023 como en 2024 ha supuesto la "falta de actualización" de las entregas a cuenta de 2024 y 2025.
Como consecuencia de esta falta de actualización, Extremadura ha tenido que acudir a la financiación a corto plazo para poder seguir prestando unos servicios públicos de calidad, lo que ha generado el devengo de unos intereses financieros que ascienden a más de 700.000 euros en el año 2024 y más de 230.000 euros en el año 2025.
Asimismo, ha añadido que "estas cifras sumadas suponen un coste para nuestra región de casi un millón de euros", recordando que el Gobierno regional no se queda quieto y "actúa" y va a reclamar, como siempre lo ha hecho, "todas las deudas que el Estado tenga con Extremadura".
En este sentido, la titular extremeña de Hacienda ha subrayando que, cuando el gobierno central presentó el llamado impuesto a la banca, "Extremadura fue la primera comunidad autónoma que presentó un recurso de inconstitucionalidad" pues, el reparto de este impuesto, destinado a los territorios con mayor PIB, "quiebra los principios de igualdad, justicia y progresividad".
Manzano también ha recordado que el gobierno regional mantiene dos requerimientos pendientes de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica, con los que exige que, respecto a la del año 2021, el gobierno devuelva 19,7 millones de euros y, respecto a la del año 2022, 94,94 millones vinculados al IVA y a los impuestos especiales.
La consejera ha insistido en que se va a plantear este requerimiento sobre los intereses porque "la inacción del Estado cuesta dinero a Extremadura".
Según Manzano, "el Gobierno central mira para un territorio (Cataluña) y abandona al resto. Renuncia a sus recursos con la financiación singular para Cataluña y olvida su obligación de actualizar los recursos para financiar a las comunidades autónomas".
Y, ha concluido que, por encima de todo, "defendemos que se cumplan los principios de igualdad y de justicia" pues, el Estado tiene el deber y la obligación de actualizar las entregas a cuenta".
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