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El Gobierno destina 25M€ a Extremadura para financiar el sistema de dependencia

Junto a esta inversión, el Ejecutivo de la nación también ha aprobado las reformas de las leyes de discapacidad y dependencia.

15 julio 2025 | Publicado : 16:03 (15/07/2025) | Actualizado: 17:18 (15/07/2025)

El Gobierno ha autorizado este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinar 25.036.056 euros a Extremadura para financiar el sistema de dependencia.

En concreto, la inversión total propuesta por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy para transferir a comunidades y ciudades autónomas es de 783.197.429 euros entre las Comunidades Autónomas (a excepción de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales fiscales) y Ceuta y Melilla para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Así pues, la cifra propuesta ha sido autorizada en el seno del Gobierno y revalida el récord histórico de 2023 y 2024 para financiar el SAAD, incrementando en hasta 500 millones más la dotación presupuestaria que hubo en 2021.

La aprobación del nivel acordado ha ido acompañada de la aprobación en segunda vuelta de las reformas de discapacidad y dependencia, que ahora se envían al Congreso para su tramitación.

Estas reformas consolidan la accesibilidad como derecho para personas con discapacidad y garantizan que puedan trabajar recibiendo una prestación y desarrolla el nuevo Artículo 49 de la Constitución.

Asimismo, este proyecto de ley, entre otras reformas, suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y el plazo suspensivo de dos años de las prestaciones económicas para cuidados del entorno familiar.

FINANCIACIÓN RÉCORD PARA REFORZAR LA DEPENDENCIA

La financiación récord en este nivel acordado se mantiene desde el año 2023, cuando se aprobaron los últimos Presupuestos Generales del Estado, y consolida la inversión que el Gobierno de España ha hecho en los últimos años para reforzar la dependencia, después de que este nivel de protección fuera suprimido en la pasada década (año 2012) dentro de un recorte presupuestario que redujo en 5.000 millones de euros la financiación estatal del SAAD.

Fue en 2021, cuando el Gobierno de España recuperó este nivel de financiación aportando una cantidad de 283 millones de euros. Desde entonces, la inversión estatal en el nivel acordado inició una senda de crecimiento que lo ha llevado a casi triplicar en la actualidad los fondos destinados a esta partida.

El reparto de la inversión del nivel acordado entre los gobiernos autonómicos se realiza siguiendo los criterios técnicos y demográficos que fueron fijados en el Plan de Choque para el impulso del SAAD y que aprobaron los propios gobiernos autonómicos en un Consejo Territorial celebrado el 15 de enero de 2021.

En este acuerdo se fijaron indicadores que medían los esfuerzos realizados por cada ejecutivo regional para mejorar la calidad de los servicios de la Dependencia, siendo las diferencias en este desempeño las que determinan que cada gobierno autonómico reciba una cantidad diferente cada año.

Cabe destacar que estos criterios se agrupan en cuatro fondos diferenciados, que en 2025 movilizan las siguientes cuantías: a) Fondo de estructura: 145,8 millones de euros. Se observa la evolución de la población potencialmente dependiente, el coste de los servicios, la superficie territorial, la dispersión poblacional y la insularidad.

b) Fondo de gestión: 175 millones de euros. Se mide la gestión de cada gobierno autonómico, siguiendo el número de personas atendidas, la agilidad administrativa o la inversión autonómica.

c) Fondo de cumplimiento de objetivos: 262,4 millones de euros: Se valora la evolución de los objetivos aprobados en 2021, como la mejora en el empleo del sector, la reducción de lista de espera o la calidad de prestaciones y servicios.

d) Fondo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD: 200 millones de euros: Este fondo está condicionado a que las inversiones que realicen los gobiernos autonómicos para alcanzar los criterios de acreditación y de calidad en los centros y servicios del SAAD.

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